Tomado de Periódico-Diagonal
Opacidad es la palabra más repetida cuando se habla de la fortuna que posee la familia real. Aunque algunas revistas internacionales la sitúan en torno a los 1.790 millones de euros, el presupuesto público le asignaba directamente 9 millones en 2009. Lo que contrasta con los numerosos negocios de sus más cercanos familiares.
Héctor Rojo Letón / Lucas Marco (Redacción / Madrid)
Martes 22 de septiembre de 2009. Número 109
La familia del rey Juan Carlos I hace sus negocios. Su yerno es consejero de Telefónica. Su hermana se centra en las empresas de lujo. Su primo hermano llena sus bolsillos con negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo. Y la lista se amplía según descendemos en su árbol genealógico [ver parte inferior del artículo]. Pero al rey oficialmente no se le conoce ninguna otra empresa que la Jefatura del Estado.
Entonces, ¿cómo ha conseguido amasar una fortuna estimada por las revistas Forbes y Eurobusiness en 1.790 millones de euros? Diferentes libros y cargos públicos denuncian que los regalos recibidos y el uso de testaferros podrían acercarnos a la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, para su último yate Fortuna empresarios mallorquines sumaron una colecta, sugerida por el propio rey, de 2.600 millones de pesetas, según el periodista Matías Vallés, a lo que el Gobierno regional de Jaume Matas (PP) sumó 400 millones. Y así disfruta de sus veraneos, como cada año recogen las imágenes de la familia real en Mallorca. La mayoría compartidas con numerosos logos de conocidas empresas.
“Hay que tener cuidado con la estimación de Forbes porque incluía cosas del Patrimonio Nacional. A su nombre no encontramos nada legalmente. Incluso se le ha acusado e investigado por delitos financieros, como el cobro ilegal de comisiones y el robo de las obras de arte del Ducado de Hernani”, denuncia Iñaki Errazkin, autor de Hasta la coronilla. Autopsia de los Borbones.
La única forma de conocer sus ingresos públicos es rastrear los presupuestos. Directamente en 2009 recibió 8,9 millones. “Patrimonio Nacional destina unos 140 millones al mantenimiento de palacios y otras posesiones, seis millones del Ministerio de Administraciones Públicas son destinados para asesores, funcionarios de élite… Además, el parque móvil de unos 60 vehículos de alta gama corresponde al Ministerio de Economía y todos sus viajes corren a cargo de Defensa o Asuntos Exteriores”, explica a este periódico Antonio Romero, ex diputado de IU y coordinador de la Red de Municipios y Cargos Públicos por la III República.
Pero las cuentas no cuadran. Y nadie lo puede investigar. El artículo 56 de la Constitución establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Incluso tras el nombramiento de un interventor de las cuentas reales en 2007, la Casa Real afirmaba que era “una decisión administrativa y burocrática adoptada por el rey para mejorar el funcionamiento interno de la institución, no tiene más trascendencia“.
“La Casa Real actúa como un verdadero paraíso fiscal, interpretan la disposición libre de su presupuesto, como que no tienen que dar explicaciones a nadie”, denuncia Romero. La falta de control por parte, incluso, de los propios organismos públicos, fue denunciado en abril ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por Esquerra Republicana de Catalunya. Recientemente, Gaspar Llamazares (IU) tenía que ampliar una pregunta al Gobierno sobre si podía dar “garantías de que ningún recurso de la familia real esté en paraísos fiscales” a todas las instituciones del Estado. No era la primera vez que denuncias similares se hacían públicas. Patricia Sverlo recogía en Un rey golpe a golpe (Ardi Beltza, 2000) que tanto él como su familia tienen ahorrados 6.000 millones de pesetas en bancos suizos, por “si las cosas se tuercen en el Estado”.
Los escándalos económicos han salpicado en numerosas ocasiones a Juan Carlos de Borbón. Y han servido como indicios de los negocios en que podría estar involucrado. Durante los gobiernos de Felipe González, varios casos de corrupción fueron protagonizados por empresarios y personas de su máxima confianza: Javier de la Rosa, Manuel Prado de Colón y Carvajal, José María Ruiz Mateos o Mario Conde pisaron en varias ocasiones los tribunales. Una situación que vuelve a estar presente con la publicación en septiembre del libro de Conde, Memorias de un preso, donde relata los intentos del rey por frenar la intervención de Banesto y su posterior enjuiciamiento.
A ellos se suman nuevos episodios, aunque toquen más de cerca a su sucesor. A primeros de agosto era detenido Pepote Ballester por el escándalo del Palma Arena; y en este mes de septiembre Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, era nombrada ‘a dedo’ subdirectora de Proyectos del Departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona (PSC e ICV).
Humildes comienzos
Desde su designación como heredero de Franco, el rey no ha dejado de incrementar su fortuna privada. Siempre se recuerdan los problemas económicos que tuvo su familia tras el exilio de Alfonso XIII. Pero todo cambió desde que Luis Valls Taberner (Banco Popular) empezara a administrar una “suscripción popular” para aportar liquidez con el apoyo de otros banqueros, muchos nobles y empresarios franquistas.
Posteriormente recogería el testigo José María Ruiz Mateos. Un hecho que utilizó para intentar protegerse de la Justicia cuando Rumasa le fue expropiada. Entonces denunció haber entregado mil millones de pesetas al monarca. La fortuna de Juan Carlos de Borbón y su familia ha continuado aumentado. Y de forma ‘discreta’. ¿Hasta cuánto? No lo sabemos, pero la cifra de 1.790 millones “nunca ha sido desmentida por La Zarzuela”, según se recogía en un escrito del coronel Amadeo Martínez Inglés al Parlamento en 2008, quien un año antes había publicado Juan Carlos I, el último Borbón. Las mentiras de la monarquía española.
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